En el marco de la 100ª Asamblea del Consejo Federal del Consumo celebrada en Rosario, la Provincia expuso su política en esta materia. El gobierno de Omar Perotti impulsa en la Legislatura, una renovada ley provincial de Defensa del Consumidor.  

El Consejo Federal del Consumo (Cofedec) celebró este viernes su 100ª Asamblea en la ciudad de Rosario. Y no es casualidad que esto haya tenido lugar en territorio santafesino. El Gobierno Provincial viene desarrollando una intensa agenda en materia de defensa de los derechos de las y los consumidores con el objetivo de optimizar las vías de atención, asesoramiento y resolución de reclamos. Entre sus principales desafíos se encuentra el de saldar una deuda histórica: su propia Ley Provincial de Defensa del Consumidor.

En el contexto de esta Asamblea, Santa Fe pudo exponer su destacada labor respecto a los derechos de consumidores. Esta provincia es una de las cinco que integran el órgano directivo del Cofedec, y esto se sostiene en los avances protagonizados por su gobierno. Entre ellos se destaca el haber dado inicio al trabajo para contar con un Código de Implementación de derechos para la defensa de las y los consumidores. Esta iniciativa vendrá a saldar una deuda histórica de la provincia, ya que se trata de uno de los dos únicos distritos subnacionales que carecen de una normativa en esta materia. Pero, por otro lado, la apuesta provincial es lograr una ley modelo, actualizada con las últimas modalidades de consumo. 

Un salto de calidad en la protección de los derechos de los consumidores

Así lo explicó la directora Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, tras la realización de la Asamblea del Cofedec: “Santa Fe dio un salto de calidad en la protección de los derechos de consumidores y usuarios como nunca antes se había hecho. El mayor fruto de ello será la Ley provincial que esperamos tener pronto y que saldará una deuda de 29 años desde que se sancionó la Ley Nacional 24.240 en 1993. En ese entonces se instó a las provincias a regular esa normativa, pero aquí no se logró”.

“Esta ley será un mensaje de agilidad y descentralización. Abordará las nuevas tecnologías en la gestión de reclamos, las inspecciones virtuales, la promoción del consumo sustentable, la protección de las y los consumidores hiper vulnerables, la educación en consumo responsable, la jerarquización de la Autoridad de Aplicación, la regulación de procedimientos judiciales ágiles y colectivos”, detalló la funcionaria. 
Entre sus principales líneas de acción, mencionó Albrecht que la Provincia se concentra en la descentralización de la atención a usuarios y consumidores. En el año 2020, el gobernador Omar Perotti decretó la creación de la Red Provincial de Oficinas Municipales de Información al Consumidor (Repomic) y el Registro Provincial de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Repac). 

Como resultado de este proceso se conformó un nutrido entramado integrado por 27 oficinas municipales, 4 oficinas comunales y 6 asociaciones. Muchas de ellas recibieron, durante este 2022, aportes por más de 10 millones de pesos para el fortalecimiento institucional de su trabajo, política inédita a nivel nacional. “La descentralización de funciones se hace con el consecuente traslado de recursos. De lo contrario, ya se vio años atrás, queda en letra muerta”, aseguró Albrecht.

Sinergis entre lo público y lo privado

El secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Juan Marcos Aviano, expresó: «Gran parte de la agenda nacional de temas de consumidores han sido tomados de nuestra provincia, donde la sinergia entre lo público y lo privado fue el camino». Ejemplo de ello, destacó, es la creación de la Mesa de Diálogo para la Promoción del Comercio y el Consumo, donde se debaten más políticas públicas con representantes comerciales, de consumidores, académicos, sindicales y empresariales.

Entre los mayores logros santafesinos se encuentra la sanción aplicada a Pedidos Ya por haber incrementado de forma desmedida sus comisiones al sector gastronómico durante la emergencia sanitaria por Covid-19. Ante la falta de presentación de documental que justificara el aumento, la Secretaría de Comercio Interior y Servicios imputó a la firma por 3 millones de pesos y fijó una comisión provisoria máxima del 18% para un servicio que al momento de la sanción se había incrementado entre el 30% y el 35%. Luego de estas intervenciones, la empresa se presentó a conciliar las comisiones con el sector afectado a través de un procedimiento inédito en la provincia que fue la apertura de una instancia de conciliación administrativa colectiva.

Al respecto, Aviano planteó que «esta provincia fue la única que tomó el reclamo del sector gastronómico para defender sus derechos junto a los de las y los consumidores. Luego de este precedente, la Nación instó a la misma empresa a abordar un acuerdo nacional, tomando los argumentos vertidos en primera instancia por Santa Fe e hizo en el país lo mismo que habíamos hecho en la provincia. Fue un logro no del gobierno, sino de esa articulación con los privados».